Santo Domingo: Entre los hallazgos figuran diferencias millonarias en inventarios, ingresos no registrados y gastos sin la documentación requerida
De una muestra de 338 empleados, 45 no pudieron ser localizados durante una inspección física realizada por los auditores
Una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) detectó múltiples irregularidades contables, patrimoniales, administrativas y de control interno en la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), durante el período comprendido entre el 16 de agosto de 2020 y el 30 de junio de 2024.
El informe identifica entre sus principales hallazgos una diferencia de 204.9 millones entre los registros físicos y contables de inventarios, 47.5 millones desembolsados en viáticos sin la documentación justificativa requerida, una distorsión calculada en 126.7 millones en indemnizaciones laborales, 55.2 millones en ingresos no registrados y 96 millones en cuentas por pagar vencidas.
El informe señala "la entidad presenta inconsistencias en los reportes de movimiento de inventarios, versus los registros mayores durante el período por un monto de RD$204,903,455"
La fiscalización, correspondiente al período de la gestión de Radhamés González, quien permaneció en el cargo desde el 16 de agosto del 2020 hasta el 17 de agosto del 2025, también detectó deficiencias en la administración de activos, contrataciones públicas, manejo de combustible, nómina, tesorería y transparencia institucional.
Señaló, además, que la OMSA no contaba con estados financieros auditados correspondientes a los años 2020-2023 y mantenía desactualizada parte de la información disponible en su portal institucional de transparencia.
La fiscalización fue publicada el viernes 2 de octubre, luego de que el presidente Luis Abinader ordenara hacer públicas las auditorías de varias instituciones del Estado. El mandatario instruyó al organismo a emitir los documentos después que Diario Libre revelara que cientos de informes de auditoría permanecían fuera del acceso público.
Asimismo, fueron señaladas inconsistencias entre el Plan Operativo Anual, el Plan de Recursos Humanos y el PACC, lo que, según la fiscalización, dificultaba establecer una correspondencia clara entre las metas institucionales y los recursos destinados a alcanzarlas.
Diferencias en inventarios
Otro de los focos de observación de la auditoría fueron los inventarios. Según la comparación realizada por los auditores entre los registros físicos y contables, se determinó una diferencia no conciliada de 204,903,455.
La fiscalización subrayó que en el depósito de Las Caobas de la OMSA, fueron identificados, además, descuadres por 107.9 millones en el balance de combustible y 2.7 millones en repuestos.
La auditoría encontró también 30.7 millones registrados como inventario en tránsito, correspondientes a órdenes de compra cuyos bienes, según el informe, no habían sido recibidos en los almacenes.
El manejo del combustible presentaba otras debilidades. De acuerdo con la fiscalización, la OMSA utilizaba requisiciones manuales para registrar los despachos, sin un sistema informático que permitiera garantizar una adecuada trazabilidad.
Los auditores también determinaron que la persona encargada de medir los niveles de combustible en los tanques era, al mismo tiempo, responsable de despacharlo, lo que comprometía la segregación de funciones.
Terrenos sin regularizar
La situación patrimonial de la institución también presentó deficiencias, según el informe de la Contraloría.
De acuerdo con la institución, de nueve terrenos ocupados por la OMSA, solamente uno aparecía registrado ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
La auditoría reveló que los demás se encontraban bajo cesión de derechos o en procesos de levantamiento topográfico, sin que se hubiera completado su regularización.
Asimismo, subrayó el organismo del transporte mantenía contabilizados como construcciones en proceso proyectos por 45,763,469, pese a que esas obras habían sido demolidas y los terrenos habían sido transferidos al Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mived).
La auditoría contabilizó además 4,345 bienes muebles sin código o etiqueta física de identificación.
Viáticos sin justificación
Según la Contraloría, entre septiembre de 2020 y junio de 2024, la OMSA desembolsó 47,535,475 en viáticos cuyos beneficiarios, según la auditoría, no presentaron los informes necesarios para acreditar las actividades realizadas o los resultados de las misiones.
"Se identificaron gastos de viáticos por un monto de RD$47,535,475 correspondientes en gran medida a traslados de funcionarios entre septiembre de 2020 y junio de 2024 para el levantamiento de información sobre áreas físicas, personal y otros aspectos relevantes de las regionales. Sin embargo, no se encontraron informes que evidencien la ejecución y resultados de dichos trabajos".
La institución también identificó 15 empleados que simultáneamente recibían salarios de la oficina de transporte y pensiones del Estado, así como otros 15 servidores que aparecían en las nóminas de otras instituciones públicas.
En materia de combustible, de 324 expedientes revisados, 184 empleados recibían asignaciones pese a no ocupar cargos con derecho al beneficio, mientras que otros 117 superaban el límite establecido respecto de su salario.
La auditoría también cuestionó el pago de 2.3 millones en incentivos a empleados contratados como asesores y señaló una distorsión calculada en 126,784,152 en indemnizaciones laborales relacionada con la aplicación de criterios correspondientes a la estructura ocupacional.
Diferencias entre nóminas y empleados no localizados
La Contraloría identificó además discrepancias entre la nómina general de la OMSA, los registros de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y las declaraciones remitidas a la Dirección General de Impuestos Internos.
Según el organismo, en una inspección física de una muestra de 338 empleados, 45 no pudieron ser localizados ni presentados a los auditores.
El informe también señala que las nóminas de la OMSA no estaban registradas en el Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP).
Además, la revisión de 25 expedientes de empleados encontró múltiples documentos faltantes. En 22 casos no constaba carta de no objeción del Ministerio de Administración Pública (MAP); 18 carecían de solicitud de empleo, 16 de evaluación de desempeño, 14 de certificación de antecedentes penales y 24 de certificado médico.
Millones en ingresos no registrados
En el período enero-junio de 2024, la auditoría también determinó que 55,269,753 correspondientes a servicios especiales de transporte prestados a los ministerios de Industria, Comercio y Mipymes; de Interior y Policía, y de Educación, no habían sido registrados en la contabilidad de la institución.
Igualmente, detectó 43,683,518 imputados a una partida de gastos de representación judicial, pese a que los recursos correspondían, según el informe, al alquiler de plantas eléctricas y a servicios mecánicos.
La institución mantenía además cinco fondos de caja chica por un total de 800,000, situación que la Contraloría consideró contraria a la normativa aplicable por exceder el límite establecido para gastos menores.
Transparencia y estados financieros
La auditoría también cuestionó el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.
Según el informe, durante el período examinado la OMSA no contaba con estados financieros auditados correspondientes a 2020-2023 y mantenía información desactualizada en su portal institucional.
Entre la información señalada como omitida o desactualizada se encuentran nóminas, informes financieros e inventarios.
La OMSA enfrenta las irregularidades
Ante los hallazgos presentados por la Contraloría General de la República, la OMSA informó al órgano fiscalizador que la mayoría de las observaciones formuladas se encuentran "en proceso de subsanación".
En su réplica, la institución se comprometió a ejecutar un plan de regularización contable, saneamiento inmobiliario y la adecuación de sus nóminas, que abarcan desde el registro formal de títulos y vehículos hasta la auditoría e integración de sus recursos humanos en el Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP).
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