Washington. EFE.- El expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández, recomendó hoy en Washington abrir un diálogo para “rediseñar” los criterios de la CIDH y la CorteIDH ante la “deslegitimación” a la que, aseguró, han llegado por decisiones como la reciente sobre los dominicanos de origen haitiano.
En declaraciones a Efe en Washington, el expresidente consideró que hay una creciente “tensión” entre varios Estados del continente, por un lado, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), por otro.
Apuntó como ejemplo a la reciente sentencia de la CorteIDH que condena a su país por deportar a haitianos y dominicanos de origen haitiano entre 1999 y 2000, un veredicto que el Tribunal Constitucional (TC) dominicano se ha negado a acatar, al argumentar que el país no reconoce plenamente la competencia de la Corte.
“Cuando una institución que tiene la calificación profesional y el prestigio de la Comisión y la Corte se equivoca en una interpretación que puede conllevar violación a la soberanía de un Estado, eso es muy grave”, dijo a Efe el que fuera presidente entre 1996-2000, 2004-2008 y 2008-2012.
“Pedirle a un país que adopte lo que es una equivocación de interpretación -agregó-, conlleva la deslegitimación y la falta de confianza” en esas instituciones, que forman parte de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El Gobierno dominicano estudia actualmente dar una respuesta a la advertencia que la CIDH hizo la semana pasada, después de conocerse la decisión del TC, en la que señalaba que el país no puede negarse a acatar las sentencias de la CorteIDH.
Fernández no quiso pronunciarse sobre si el Gobierno dominicano debe dejar de reconocer la competencia de la CorteIDH, al subrayar que esa decisión corresponde al Ejecutivo del presidente Danilo Medina.
No obstante, subrayó que “la Corte no puede pedirle a ningún país que adopte un determinado sistema de fijación de nacionalidad, porque eso es la decisión soberana de cada estado”.
Destacó que en el caso de la República Dominicana, no todos los que nacen en el país son automáticamente ciudadanos del mismo, pero “la legislación dominicana prevé los mecanismos procedimentales” para que esa persona pueda acceder a otra nacionalidad si no cumple los requisitos para ser dominicano.
“La República Dominicana se ha preocupado de evitar la apatridia, dando fiel cumplimiento a sus obligaciones bajo los distintos acuerdos existentes en materia de derechos humanos”, afirmó poco antes Fernández, durante un discurso en una conferencia en la OEA.
“Lo que ha habido es una extralimitación por parte de la Corte en su decisión, lo que desafortunadamente la conduce a una situación de deslegitimación y crisis de confianza ante los Estados que, como la República Dominicana, voluntariamente y de buena fe decidieron ser partes del Sistema Interamericano”, sostuvo en esa conferencia.
Aseguró que “otros Estados de la región se encuentran igualmente alarmados por lo que consideran como inconsistencias en los fallos de la Corte Interamericana”, y citó entre ellos a Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil y Colombia.
Esa tensión se debe, según opinó, a que una vez superado el rol de la Comisión y la Corte durante las graves violaciones de derechos en la “época de las dictaduras” en el continente, existe ahora una “segunda generación de derechos”, que son “difusos y colectivos”.
“Cuando se pasa a una segunda generación de derechos difusos y colectivos, no hay un marco conceptual claro en el ámbito de actuación de la Comisión y la Corte y los Estados”, mantuvo.
Fernández aseguró que, en su opinión, “el interés de todos en América Latina y el Caribe no es que la Comisión y la Corte desaparezcan, o se desprestigien, (sino) al revés”.
“Mi recomendación es que pueda haber un diálogo entre los integrantes de la Comisión y la Corte, los presidentes de Tribunales Constitucionales y de Cortes Supremas a los fines de ir estableciendo un marco de referencia acerca de qué puede ser violación de derechos humanos o no en esta nueva generación de derechos”, indicó.
Santo Domingo, 15 nov (EFE).- Más del 8 % por ciento de la población dominicana, unas 900,000 personas, se encuentra sobre los 65 años, según datos difundidos hoy por el Ministerio de Salud.
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