WASHINGTON.- Una vez anunciada hoy la apertura de las embajadas en La Habana y Washington, el proceso de normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos entra en una nueva etapa que tendrá como escenario central el Congreso estadounidense, clave para levantar las restricciones sobre la isla.
Pese a que el presidente estadounidense, Barack Obama, ya implementó varias acciones ejecutivas para relajar las prohibiciones de los viajes y algunos intercambios comerciales tras el anuncio del deshielo el pasado diciembre, no será posible acabar con el histórico embargo hasta que el Congreso no legisle al respecto.
Por eso, en el anuncio de hoy, Obama apeló inmediatamente a los legisladores para que se pongan manos a la obra, ya que de ellos depende que "el proceso de normalización" avance.
"Pido al Congreso que dé los pasos necesarios para levantar el embargo que impide que los estadounidenses puedan viajar y hacer negocios en Cuba. Les pido que empiecen a trabajar sobre ello", insistió el presidente, quien apuntó que ése es el deseo de ambos pueblos.
En estos meses, varias propuestas de ley para facilitar los viajes y mejorar el intercambio comercial ya han sido presentadas en el Capitolio, aunque los congresistas aún no las han sometido a consideración.
El primero de los proyectos legislativos llegó en enero, un texto impulsado por dos de los senadores más concienciados con el aperturismo hacia Cuba, el republicano Jeff Flake (Arizona) y el demócrata Patrick Leahy (Vermont).
Esa propuesta, bajo el nombre de "Ley de Libertad para Viajar a Cuba", pondría fin a las restricciones legales sobre los viajes a la isla para los ciudadanos estadounidenses y residentes legales, así como con las trabas a las transacciones bancarias relacionadas con dichos viajes.
La estrategia de Flake y Leahy, que obtuvieron el respaldo de casi otra decena de senadores de ambos partidos, consiste en legislar punto por punto el levantamiento del embargo, conscientes de que el éxito de una legislación integral sería mucho más complejo.
En esta línea, este mismo mes, el Congreso recibió otro proyecto legislativo, esta vez sobre las relaciones comerciales, la "Ley de Comercio con Cuba 2015".
Ésta levantaría el embargo comercial a La Habana y "permitiría a los agricultores, ganaderos, pequeños negocios y otras industrias del sector privado llevar a cabo libremente negocios con la isla", a la vez que "concede a las instituciones financieras estadounidenses la libertad de dar créditos a Cuba" sin riesgo financiero para los contribuyentes federales.
No obstante, aunque en el Congreso existe un apoyo bipartidista al aperturismo, también hay detractores, especialmente entre los legisladores cubano-estadounidenses como el senador republicano y precandidato presidencial Marco Rubio o la congresista Ileana Ros-Lehtinen.
De hecho, de la mano de Rubio también se presentó otro proyecto legislativo precisamente para poner límites al acercamiento con el Gobierno cubano, la "Ley Cubana de Liquidación de Reclamaciones de EE.UU.".
El texto pretende exigir a Cuba que "haga frente a las demandas legales pendientes y a los créditos pendientes de pago" que tiene con EE.UU. antes de que levantar cualquier embargo, una cantidad que calculan asciende a entre 7.000 y 8.000 millones de dólares a consecuencia de las propiedades confiscadas tras la Revolución Cubana.
Además de esto, varios republicanos ya han intentado adjuntar enmiendas a los presupuestos federales del año entrante que por ley impidan dedicar fondos a la sede diplomática estadounidense en La Habana, y han advertido de que no respaldarán la nominación del embajador que Obama designe para la isla.
"Con respeto, obviamente, pero sobre las prerrogativas del Congreso sobre cuestiones presupuestarias, sería una vergüenza si el Congreso impide la aplicación de algunas de las cosas que todos estamos de acuerdo que queremos hacer", dijo hoy en ese sentido una funcionaria del Departamento de Estado, bajo condición de anonimato.
Así, por ejemplo, recordó que eliminar fondos para la ejecución de las actividades diplomáticas en la embajada estadounidense en La Habana obstaculizaría acciones como facilitar el diálogo entre los dos países sobre los fugitivos que permanecen en la isla o la aplicación de la ley.
Aún así, pese a ciertas oposiciones, el Congreso, ahora de mayoría republicana, no intervino en la retirada de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo cuando podía haber legislado para oponerse, un silencio que para muchos indica un futuro de entendimiento en los pasillos del Capitolio
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