Contempla medidas drásticas sobre el financiamiento del sistema, los precios de los pasajes y la obligatoriedad de las escuelas públicas y privadas de incluir una materia sobre seguridad vial en sus currículo de estudios, en la enseñanza inicial, básica y media.
Además, sustituiría todas las leyes promulgadas en el país desde 1934 sobre Tránsito Terrestre, incluyendo la 241.
Establece que los operadores de rutas del transporte urbano e interurbano tienen que convertirse en empresas privadas y garantizar los derechos laborales de sus trabajadores.
Los vehículos de 26 ó más pasajeros, del transporte urbano de pasajeros, tendrán dos puertas, una de entrada y otra de salida, subsidio para los envejecientes de 65 y más años, los estudiantes y para las personas discapacitadas.
“Es un proyecto muy completo, moderno, ambicioso, transformador, de gran aporte al desarrollo social y económico del país”, afirmó Crespo Pérez, durante una entrevista para El Nacional.
“Pretendemos terminar con el desorden que significa mover 6 millones de viajes diarios, sin una frecuencia, sin itinerario”, dijo.
La pieza fue introducida por primera vez al Congreso Nacional en agosto del 2011 y ha perimido en 3 oportunidades, a pesar de que ocupa el puesto número 4 en la lista de 13 proyectos de ley priorizados por el presidente Danilo Medina e incluido en el Programa de Gobierno del jefe del Estado, en la campaña electoral del 2012. El legislador atribuye los contratiempos de la pieza a que “es un proyecto que impacta positivamente y negativamente en muchos sectores y a muchos intereses”.
No obstante, precisa que su propósito es “formar una nueva generación de dominicanos que se comporte de manera diferente, como peatón y como conductor”, expresó el legislador, quien fue durante seis años director de Tránsito Terrestre del Ministerio de Obras Públicas.
Ratificó que “todo el que vaya a utilizar su licencia de conducir para ganarse la vida tendrá que ir a la escuela vial a especializarse para esa profesión”, dijo.
La medida incluye a los taxistas, los camioneros, los choferes del transporte público y de carga, los transportistas de mercancía peligrosa, los de ambulancia y los de funeraria.
El caos que provoca que unas 10 instituciones administren y fiscalicen el transporte de pasajeros y de carga del país será corregido con la creación de una unidad única, denominada Instituto Nacional de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (Instrant).
Esa dependencia funcionaría como un organismo descentralizado, adscrito al Ministerio de Obras Públicas, con personería jurídica, financiera, administrativa y funcional. En el mismo, quedarían unificadas la Dirección de Tránsito Terrestre del Ministerio de Obras Públicas, la Oficina Técnica de Transporte Terreste (OTTT), Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) y la Autoridad Metropolitana del Transporte(AMET).
También, el Departamento de Vehículo de Motor de la Dirección General de Impuestos Internos, el Fondo de Desarrollo del Transporte, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), el Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre (Fondet) y el Consejo Regulador de Taxis (CART), entre otras entidades.
La AMET se llamaría Cuerpo Especializado de Seguridad de Tránsito y Transporte Terreste (Cecep) y estaría integrada por un equipo de técnicos y profesionales dedicados a la seguridad vial y a imponer multas a los infractores.
“Todos los activos, propiedades, base de datos, empleomanía, obligaciones, deudas, de todas las instituciones que se unifican pasan a ser parte del Instran, que tendrá sus fuentes propias de financiamiento”, dijo Crespo Pérez.
UN APUNTE
Comisión diputados
La comisión de diputados que estudia la importante pieza rendirá un informe la próxima semana, luego de oír los pareceres de diversos sectores de la sociedad dominicana involucrados con el tema.
La comisión de diputados que estudia la importante pieza rendirá un informe la próxima semana, luego de oír los pareceres de diversos sectores de la sociedad dominicana involucrados con el tema.
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